Política de Estado: Justicia 2020
Justicia 2020 es un espacio de diálogo institucional y ciudadano que
busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e
independiente.
El objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de
políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere
resultados socialmente relevantes y permita la solución de los
conflictos en forma rápida y confiable.
Justicia 2020 es una visión de la justicia del futuro: una que está cerca de las personas que
más la necesitan y en la que los habitantes puedan confiar para responder a sus problemas.
La justicia es un instrumento fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo de
todas las personas. Su papel es esencial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el
apoyo a las víctimas del delito y la solución de conflictos familiares y económicos.
Justicia 2020 tiene en cuenta la necesidad de incorporar el aspecto social en la
administración de justicia e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito, el
acceso a la justicia, la inclusión de las minorías y las poblaciones vulnerables, para construir
un enfoque inclusivo e integral.
Todos los habitantes de la Argentina tienen derecho a vivir en paz y el Estado es el que debe
garantizarlo. Aunque la justicia no es el único actor en la lucha contra la inseguridad, en
conjunto con otros organismos contribuye al fortalecimiento de la seguridad humana.
La meta de Justicia 2020 es la cercanía a la gente, la modernidad, la independencia y la
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transparencia. Es la visión de un sistema de justicia que está cerca de las personas que más
la necesitan, que garantiza soluciones rápidas, confiables e imparciales, y que es
responsable por sus actos ante la sociedad.
El objetivo es lograr una transformación integral de las instituciones, a través de un proceso
de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas. Los proyectos surgirán del trabajo
especializado de referentes del ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos,
legisladores, jueces y todos los que deseen aportar en la construcción de un mejor servicio
público.
Justicia 2020 busca mejorar la gestión y provocar un cambio de la cultura de trabajo que
garantice una labor transparente frente a la comunidad.
Las tres metas: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia son
objetivos a largo plazo y no implican que las transformaciones se hagan de manera
inmediata, aunque orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años.
En esta visión de un sistema de justicia eficiente, accesible y confiable, el rol del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos es el de actuar como dinamizador de propuestas en
materia de justicia en todo el país y promotor de las reformas en los distintos poderes
judiciales.
JUSTICIA CERCANA
Justicia 2020 está orientada a la comunidad con el objetivo de ofrecer respuestas
funcionales, eficientes y rápidas a sus necesidades.
El acceso a la justicia es un derecho básico y fundamental de todas las personas. Se dará
prioridad a las poblaciones vulnerables y a las zonas postergadas, poniendo énfasis en la
justicia inmediata y creando nuevos centros para el acceso a ésta en todo el país.
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Incorporar la utilización de tecnologías abre nuevas posibilidades para el acceso web e
intercambio de información entre las personas y la justicia en todo el territorio, mejora la
comunicación con la ciudadanía y facilita el conocimiento y la comprensión de la
información jurídica.
El servicio de justicia debe funcionar los 365 días del año, en horarios amplios y cómodos
para la población.
Justicia 2020 se orienta fuertemente a la atención y protección de víctimas del delito. Se
refuerzan los mecanismos existentes para brindarles asistencia jurídica, psicológica y social,
y se generan nuevos programas de alcance nacional para apoyar a las poblaciones
vulnerables, las víctimas de violencia de género y de trata de personas. También se le da a la
víctima mayor participación en los procesos judiciales, para que su opinión sea tenida en
cuenta por los jueces.
La utilización creciente de soluciones tempranas y métodos alternativos de resolución de
conflictos, especialmente en la justicia civil, ayuda a lograr acuerdos construidos por las
partes que satisfagan las necesidades de los involucrados, ahorrando los recursos
económicos y el tiempo que requiere una sentencia judicial tradicional.
Las reformas procesales potencian el acceso a la justicia. Los juicios orales transforman el
sistema lento e ineficiente en uno más ágil, sencillo y accesible para la gente. El vocabulario
judicial de los procesos escritos, anticuado y complejo, se transforma en uno comprensible
para el público en el sistema oral.
Los Derechos Humanos se convierten en un punto de encuentro para el desarrollo social y
una herramienta de solución de conflictos. Se incorpora un enfoque construido en base al
respeto de la diversidad y el diálogo para fomentar la convivencia pacífica, recogido y
sistematizado en un plan nacional integral.
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Se promueve la adopción de indicadores de progreso en materia de derechos económicos,
sociales y culturales de acuerdo con los tratados internacionales de los que la Argentina es
parte activa y comprometida. Se otorgan las garantías necesarias de continuidad de las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de profundización de derechos para los sectores
vulnerables de la población.
Justicia 2020 genera políticas de prevención contra la violencia institucional y establece
estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia. Fomenta la creación de
mecanismos para la contención en situaciones de catástrofe y emergencias, y establece
mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que afecten los Derechos Humanos.
Se propone un cambio de enfoque respecto a los pueblos originarios y la construcción de
una política de Estado activa y presente que los incorpore a la comunidad como verdaderos
sujetos de derecho. La relación con ellos no debe basarse en el asistencialismo, sino que se
debe tener en cuenta el respeto a sus costumbres y a la propiedad comunitaria de la tierra,
que son derechos especialmente recogidos por la Constitución y otras normas nacionales e
internacionales.
Trabajar de manera intensiva en el aspecto social da cuenta de otro factor importante: la
justicia no sólo existe en los juzgados y las sentencias, sino que debe ser promotora de una
mejora permanente para la calidad de vida de la gente.
JUSTICIA MODERNA
La demanda al sistema de justicia ha crecido progresivamente en nuestro país, pero las
estructuras de los órganos judiciales se han mantenido inalteradas. Desde hace 200 años,
los juzgados construyen expedientes escritos y difíciles de comprender, olvidándose que
detrás existe un conflicto entre personas que reclama una rápida solución. Es necesario
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instalar un nuevo modelo organizacional que brinde respuestas en los tiempos y las formas
que la ciudadanía exige.
Justicia 2020 promueve organizaciones modernas y eficaces que brinden respuestas rápidas
y de calidad a los problemas. Fomenta la adopción de mejores prácticas en lo que se refiere
a modelos y procedimientos para asegurar la calidad y mejora continua.
Se incorporan nuevas tecnologías para modernizar los procesos antiguos y satisfacer las
necesidades de la población en forma ágil y eficiente.
Justicia 2020 promueve el uso del legajo digital y su gestión electrónica, lo que permite
despapelizar a la Justicia argentina, agilizar los trámites y facilitar el acceso remoto a las
fuentes de información.
La incorporación de tecnología también dará dinamismo a las investigaciones criminales
orientadas a desbaratar las redes de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y trata de
personas, que son un problema crítico para la sociedad.
Los procesos judiciales argentinos se caracterizan por ser escritos y lentos; la oralización
masiva generará un cambio decisivo. La reforma procesal civil y la puesta en marcha de la
reforma procesal penal incorporarán audiencias públicas y transparentes para resolver los
conflictos y dar respuestas satisfactorias a la comunidad.
La gestión de los registros públicos nacionales es parte esencial de la prestación de un
servicio de calidad. Se generan nuevas formas de acceso rápido a través de medios
electrónicos, con mecanismos que mejoran el acceso y la transparencia de los trámites, a fin
de brindar mayor seguridad jurídica a todos los usuarios.
JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE
Justicia 2020 propone una administración de justicia independiente y transparente, para la
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cual es necesario asegurar la autonomía de los jueces, fiscales y defensores, que deben
poder realizar sus tareas sin presiones políticas ni de otro tipo.
Para garantizar soluciones efectivas a la población, los actores deben tener roles claros y
definidos institucionalmente para limitar potenciales excesos de poder.
El Consejo de la Magistratura debe respetar el equilibrio de las fuerzas políticas y la
representación técnica de jueces, abogados y académicos establecido en la Constitución, a
fin de evitar que los procesos de designación y remoción de jueces se politicen.
Justicia 2020 promueve la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. El
acceso a la información pública dependiente de los poderes judiciales y los distintos
registros bajo la órbita del Ministerio y otras jurisdicciones permite controlar la gestión de
los funcionarios públicos y su rendición de cuentas.
En materia de gobierno abierto, Justicia 2020 impulsa estadísticas transparentes del sistema
de justicia que permitan tomar decisiones de política judicial con sustento técnico, propio
de un Estado serio y moderno. Se mejoran los mecanismos de recopilación de datos para
unificar y consolidar la información de los distintos sistemas judiciales provinciales y
nacionales, y hacer comparable la situación de la Argentina con el resto del mundo.
Las estadísticas permitirán elaborar indicadores de la administración de justicia y realizar
mejoras estructurales donde se detecten fallas.
Al abrir las bases de datos al público en general, Justicia 2020 asegura mayor control por
parte de los distintos sectores de la sociedad, principalmente por las ONG, la comunidad
académica y el periodismo.
La incorporación de herramientas de coordinación interinstitucional e instrumentos de
control en todos los niveles ayudará a garantizar la transparencia de los procesos y de la
gestión pública en general.
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La independencia y la transparencia le darán previsibilidad a la justicia, lo que le garantizará
a la población que las respuestas que obtenga sean rápidas, satisfactorias y de calidad
institucional.
Las reformas contribuirán a fortalecer la confianza en los principios, normas y
procedimientos del Estado.
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